Por: Alejandro Salmón Aguilera
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Los casos de políticos multimillonarios a quienes les han encontrado casas de un precio y con un lujo propio de un jeque árabe o de desplantes de riqueza propios de integrante de la lista de la revista Forbes, pueden tener un fuerte impacto en el ánimo de los electores en este 2015.

Se trata de casos que resultan ofensivos para la dignidad de una sociedad que no ha visto mejoras en su situación económica; que aún ve a grupos criminales actuar con absoluta impunidad, y no tiene ni la más mínima señal de los beneficios generados por las llevadas y traídas reformas estructurales.

Si una casa ostentosa genera reacción en el ánimo de quienes viven a sus alrededores, las residencias de lujo extremo que le han descubierto a actores de la política nacional ofenden la dignidad de una población que vive en la pobreza, o bien en una apretada medianía. En ese sentido, no se sabe cuál es la ofensa mayor: la casa en sí misma, o la explicación que da el político en cuestión para justificar la compra o renta, como ahora dicen.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de la casa del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, comprada al Grupo Higa, la misma beneficiada con contratos multimillonarios otorgados por el gobierno del Estado de México en tiempos del gobernador Enrique Peña Nieto. El secretario respondió que él compró esa casa en una acción netamente comercial. Sin embargo, de acuerdo con información documentada por el diario Wall Stree Journal, Higa le vendió la casa a Videgaray sin obtener beneficio comercial alguno.

La casa de Videgaray tiene un valor de mercado de 7.5 millones de pesos, y fue comprada por la firma de bienes raíces al mismo precio, 10 meses antes, según el Registro Público de la Propiedad del Estado de México, en poder del medio.

Por el mismo estilo estuvieron las explicaciones que dieron diversos funcionarios cuando se les encontraron grandes casas cuyo valor no podría ser pagado con el salario que recibieron como servidores públicos. Ahí estuvieron la ya célebre “Casa blanca” de la primera dama, Angélica Rivera, quien dio una explicación enredada e inverosímil de cómo se hizo de ese inmueble; Otra más, propiedad del mismo mandatario, Enrique Peña Nieto y más recientemente la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chongo.

En todos los casos se trata de inmuebles de valor multimillonario. La explicación invariable ha sido que la están rentando—como fue el caso de Osorio Chong—o que aún la están pagando, pues la adquirieron con su propio dinero.

Los documentos exhibidos posteriormente derriban esas versiones.

Si de esas casas nos vamos a los ranchos y llegamos a la propiedad del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, donde hay una presa construida por cuenta propia sobre un río que debía bañar todo el valle del Yaki; y si de ese rancho nos pasamos al estado de Guerrero, donde el hermano del ex gobernador Ángel Aguirre hizo pingües negocios, o de ahí al ostentoso reloj del presidente nacional del PRI… y así sucesivamente, pasando por el sueldo que percibe Andrés Manuel López Obrador por ser candidato, aunque no esté en campaña, se puede explicar el enojo popular.

Quienes están al frente del país deberían entender que ya estiraron demasiado la liga, a grado tal que están a punto de hacerla reventar. La consecuencia inmediata es la menos grave: que la gente no vaya a votar. La más grave es que, como advirtió el dictador Porfirio Díaz, que despierten al “México bronco”.