El plan propuesto por Claudia Sheinbaum para asegurar que su Gobierno sea honesto y se combata la corrupción de manera decidida ha causado una gran y esperanzadora discusión en el país, colocando un compromiso estratégico en la agenda para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho. Ha sido recibido de muy diversas maneras, y en ese espectro de reacciones también se anticipan los retos y las resistencias.

La oposición ha reaccionado como era previsible, con una descalificación general; no solo porque han sido incapaces de elaborar una propuesta mínima, sino porque carecen de autoridad moral; el tema los cruza, los identifica ante la población y explica el origen y la naturaleza del PRIAN: el pacto de impunidad que atenaza, mediante una coalición electoral, a las dos dirigencias más corruptas que históricamente hayan tenido estas instituciones partidistas. No debe causarnos sorpresa alguna que este sea el flanco de resistencia que será más persistente.

Hay otras reacciones en las que se ha tratado de ponderar y encontrar aspectos positivos, y también se han expresado diferencias. Algunos más se han centrado en criticar una sola de las propuestas: la creación de la Agencia Federal Anticorrupción; entre otras cosas, por el evidente desconocimiento de la propuesta integral en su fuente original y por hacerse eco de la información a todo vuelo que caracteriza la dinámica periodística en las campañas políticas.

En la manera en que se trasladaron algunos de los enfoques informativos, no debemos descartar también los intereses ideológicos y económicos que acompañan a un buen número de medios de comunicación, abiertamente enlistados en el frente anti lopezobradorista; pero también reconocer que otros de los frentes que resistirán el plan son varios de esos medios y algunos de sus conductores, que actúan a la par como correas de transmisión de las redes de corrupción. En cualquiera de los anteriores casos, el plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum tiene un reto comunicacional importante, si queremos que el compromiso de campaña se convierta en autentica política pública a partir del 1 de octubre, el día en el que muy probablemente ella se convertirá en la primera mujer, científica y académica en ocupar la Presidencia de la República. Lo cual también contribuirá significativamente a enfrentar de mejor manera, con una visión profesional y disciplinada, el lastre de la corrupción en México, que atraviesa no solo a servidores públicos de todos los partidos, sino a amplios sectores de la sociedad.

El plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum es un conjunto de principios generales para enfrentar el fenómeno de la corrupción, y un cumulo de acciones específicas que recogimos en un diálogo franco y abierto con distintas organizaciones y actores relevantes, que luego un grupo de expertos tanto en prevención como en persecución penal articularon bajo un esquema integral, sistémico y transversal a niveles de gobierno, poderes y órganos constitucionales autónomos. Desde la conformación misma del equipo de especialistas estuvo el enfoque del trabajo: cómo hacerle para disminuir los riesgos de corrupción y aumentar las capacidades para detectarla y sancionarla. Esto es, aumentar los costos de cometer actos indebidos o corruptos, y aumentar las posibilidades para sancionar estos hechos.

La piedra angular es convertir el combate a la corrupción en una política de Estado, que reconozca en la Constitución dos derechos humanos que son esenciales para construir luego todo el edificio legal: a una buena Administración Pública, y a vivir en un ambiente libre de corrupción. De ahí se desprenden las soluciones específicas, los instrumentos, las estrategias, el planteamiento de acuerdos necesarios para enfrentar entre tod@s el reto.

Desarrollaré aquí el tema que ha concitado la mayor polémica: la agencia federal anticorrupción y, a través de diversas entregas a EL PAÍS, explicaré los demás componentes del plan, tan o más importantes que la agencia misma.

De entrada, la agencia no substituye ni reemplaza ningún órgano constitucional autónomo de los que tienen a su cargo la investigación fiscal y penal de la corrupción en nuestro país, a saber, la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción de la FGR; la Auditoría Superior de la Federación, órgano especializado de la Cámara de Diputados; y el sistema nacional anticorrupción. Por el contrario, el plan propone fortalecer las Fiscalías anticorrupción, dotándolas de más facultades e instrumentos; mejorar el sistema de fiscalización en el país y corregir los errores de diseño constitucional y legal del Sistema Nacional anticorrupción que lo han hecho inoperante en sus objetivos de coordinación, particularmente para decidir cuál es el papel que realmente queremos de los consejeros ciudadanos y cual régimen laboral es el aconsejable. La agencia es el primer paso que la doctora Claudia Sheinbaum quiere dar en su Gobierno para dar ejemplo en el combate a la corrupción. Se trata de fortalecer una de las atribuciones actuales de la Secretaría de la Función Pública ―cuya dependencia está a cargo del Poder Ejecutivo― , para detectar y sancionar las responsabilidades administrativas no graves de los servidores públicos, y colaborar con las instancias autónomas de manera más ágil y eficiente en la investigación de las faltas graves y de los hechos de corrupción. En realidad, es un rediseño de la Secretaría, y consiste en desagregar esa competencia en una instancia especializada para darle operatividad y centralidad, sin que implique una carga más al presupuesto de la Federación, pues se llevaría a costos compensados. Podría seguir dependiendo del secretario de la Función Pública, al adquirir la naturaleza de un órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión; pero en el grupo de trabajo se ha considerado que es mucho mejor que dependa directamente de la titular del Poder Ejecutivo, para visibilizar más la responsabilidad y conferirle al liderazgo que la encabece todo el respaldo y la fuerza necesarios. Al final será el Congreso quien defina su naturaleza jurídica, pues esta, ni mas ni menos, es una propuesta para ser discutida. Lo que importa mencionar es la realidad a la que nos enfrentamos, y que no pocos de los actores que consultamos aceptaron en los Diálogos por la Transformación: el sistema de responsabilidades administrativas de servidores públicos y de particulares derivado de la reforma constitucional de 2015 que creó el sistema nacional anticorrupción, en la práctica no solo no ha funcionado, sino que ha hecho más complicada la sanción de los actos ilícitos, entre otras razones, por lo cerrado de las descripciones tipológicas de las faltas y porque los procedimientos son más complejos, casi se asemejan al procedimiento penal. Por ello, la Ley General de Responsabilidades Administrativas deberá ser reformada para precisar de mejor manera la descripción de las conductas reprochables, tanto de las que son graves y deben ser sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como de las que no tienen ese carácter y su sanción corresponde a los órganos de control interno. El plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum propone también ampliar los plazos de prescripción para evitar espacios de impunidad: aumentar de 3 a 7 años los casos de responsabilidades no graves y de 7 a 12 los graves. Pero también, la razón por la que se propone separar orgánicamente las funciones de corrección y sanción de las funciones preventivas es que, en la práctica, son incompatibles y generan institucionalmente conflictos de interés. La Secretaría de la Función Pública debe estar concentrada en el sistema de control interno y de evaluación de la gestión gubernamental y de sus resultados, fiscalización, desarrollo administrativo de las dependencias y entidades; programas de mejora de la Administración Pública, gobierno digital, gobierno abierto y transparencia, políticas de prevención de la corrupción, profesionalización y política de recursos humanos de la APF; política de contrataciones públicas, normatividad en esa materia y consolidación de contratos. Quienes han desempeñado diversos cargos en las distintas etapas de la Secretaría de la Función Pública, desde su original diseño como contraloría de la federación, coinciden en señalar que frecuentemente surge tensión entre las tareas preventivas y las represivas, menguando estas en su efectividad, máxime que, desde la reciente reforma a la Ley Orgánica de la APF, la Secretaría de la Función Pública nombra a los titulares de las unidades de administración y finanzas y a sus dos niveles inmediatos inferiores, lo que impide llevar a cabo con independencia las investigaciones y procedimientos sancionadores en casos de corrupción, así como resolver de forma imparcial las controversias que se suscitan en las contrataciones públicas. Con el diseño institucional propuesto, la Agencia Federal Anticorrupción se concentraría exclusivamente en las funciones sancionatorias y correctivas en un ambiente de mayor independencia y autonomía técnica, permitiendo su especialización y profesionalización. Pero además, el propósito de este diseño es que paralelamente a las investigaciones de responsabilidades administrativas se identifiquen los hechos que puedan tener una relevancia penal y, en su caso, se presenten denuncias debidamente integradas ante la Fiscalía Anticorrupción y se dé seguimiento a las causas en las que se persigan delitos por hechos de corrupción, interviniendo activamente en todas las fases de los procesos penales. Se visualiza que esta Agencia desarrolle un área propia de inteligencia financiera e investigaciones forenses con capacidades suficientes para identificar redes y casos complejos, con una orientación innovadora hacia el rastreo de los activos ilícitos y el resarcimiento de los quebrantos al patrimonio público. Sobre esto, nos animó encontrar una acogida entusiasta entre funcionarios de varios organismos financieros internacionales y nacionales, así como expertos del sistema hacendario y de administración tributaria, que la consideran un paso crucial en la lucha contra la corrupción en México. Es que se pueden aprovechar diversas herramientas ya existentes en el combate al lavado de dinero y de regulación del propio sistema financiero (que se llevan a cabo desde la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera) para contribuir y fortalecer el quehacer de la Agencia. La Agencia tendría acceso a las tipologías de lavado de dinero relacionadas con actos de corrupción desarrolladas por la UIF y el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Estas tipologías permiten identificar señales de alerta tempranas y facilitan la detección de actividades ilícitas, lo que sería fundamental para investigar y perseguir casos de corrupción. La Agencia Federal Anticorrupción colaboraría estrechamente con las autoridades responsables de recabar y resguardar la información del beneficiario final/real. Esta información es estratégica para eliminar la opacidad que brindan las estructuras jurídicas a los corruptos, ya que muchos actos de corrupción involucran el uso de empresas fantasma o estructuras corporativas complejas. La Agencia tendría acceso al listado de personas expuestas políticamente, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dar seguimiento reforzado al flujo económico y financiero de funcionarios públicos. Identificar y monitorearlas es fundamental, ya que estas personas son más susceptibles de estar involucradas en actos de corrupción. También se abre una flanco de oportunidad para la cooperación internacional, pues la Agencia Federal Anticorrupción podría aprovechar los mecanismos de intercambio de información internacional, como la Red Segura de Intercambio de (inteligencia financiera) Egmont. Esto permitirá a la Agencia obtener información relevante de autoridades extranjeras para detectar recursos ilícitos, integrar investigaciones y recuperar activos. Estas son la características y las potencialidades de una Agencia Federal Anticorrupción, y nada más lejos de lo que han tratado de dibujar algunos actores cuya capacidad analítica ya está mermada por el prejuicio y la animadversión ante un fenómeno social y político que simple y sencillamente los rebasó, y cada vez los exhibe en sus fallidas predicciones. Por cierto, esta es una de más de cuarenta propuestas específicas que integran el plan anticorrupción, como uno de los pilares de lo que Claudia Sheinbaum ha denominado el segundo piso de la Cuarta Transformación; propósito y empeño al que he sumado mi esfuerzo. Javier Corral es asesor de la campaña de la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, y exgobernador de Chihuahua.

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