Por: Alejandro Salmón Aguilera
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Los partidos políticos iniciaron campañas con un serio peligro acechándolos: el darse un fuerte mordisco de lengua cada vez que pronuncien la palabra “corrupción”.

Todos los candidatos y sus respectivos partidos arrancaron campañas en la madrugada del domingo 5 de abril con la misma oferta para tratar de conquistar el voto de los ciudadanos: que van a combatir la corrupción.

Tal vez hayan visto la encuesta nacional “Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción” que publicó el INEGI el 5 de diciembre del 2014. En ese documento, se puede ver que el 87 por ciento de los chihuahuenses tiene una alta percepción de corrupción en sus autoridades.

Más aún: 14 de cada 100 personas que tuvieron algún trato con instancias de gobierno dijeron haber sufrido algún acto de corrupción. En ese renglón, Chihuahua ocupó el tercer lugar nacional, sólo por debajo del DF y de Jalisco.

Ahí están las cifras y, seguramente, ya percibieron que ese medidor del INEGI se parece mucho a la percepción que han captado en las calles cuando se acercan ya no a los candidatos en general, sino hasta su propia estructura partidista.

El problema para ellos es que ninguno tiene boca para hablar de corrupción.

En la ciudad de Chihuahua, el PRI postuló a Liz Aguilera en el Distrito VI, después de que estuvo al frente de la Contraloría General del Estado y de que fue presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.  En ninguno de los dos cargos aplicó sanción alguna y, todavía peor, tampoco procuró que se cumplieran las 72 posibles acciones de responsabilidad que se habían generado de diversas revisiones de cuenta pública.

Alejandro Domínguez, quien va por el 8º Distrito, está casi en la misma condición, pues como diputado aprobó presupuestos, contrataciones de deuda tanto bancaria como bursátil y cuentas públicas de diversa especie, y en ningún momento hizo observación alguna.

De Juan Blanco, contrincante de Liz Aguilera, qué se puede decir: enfrentó un proceso penal por un presunto tráfico de influencias y entrega de información privilegiada cuando otorgó la concesión del relleno sanitario en la época en la que fue alcalde de Chihuahua. Si bien enfrentó un cargo penal, ahí está de nuevo para pedir el voto, y en un una de esas hasta se lo vuelven a dar, con todo y fuero federal.

Esos, por mencionar a los partidos con más probabilidades de ganar las elecciones, pero si le seguimos con el resto, todos tienen dientes para morderse la lengua cuando hablen de corrupción.

Los candidatos deberán cuidarse la lengua porque la mayoría fueron funcionarios de gobierno y no  se les conoció acción alguna acción para combatir malos manejos de recursos públicos; otros fueron funcionarios que llegaron a enfrentar cargos penales por presuntos actos ilegales cometidos durante el ejercicio de su cargo; representantes de partidos que han postulado y llevado al poder a vulgares delincuentes; miembros de familias hegemónicas que se turnan entre sí para ocupar diputaciones y regidurías. Otros partidos han estado lejos de ejercer el poder en Chihuahua pero arrastran una pésima fama de mal gobierno en otros estados donde han estado en el gobierno.

Lo decíamos ayer en este espacio: la política se “farandulizó” y tal vez aquí esté la explicación. La población está lastimada por los hechos de corrupción pero las personas que les pedirán su voto no les tienen respuesta alguna.