Por: Alejandro Salmón Aguilera
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La salida de Carmen Aristegui de la televisora MVS y todo lo que estuvo a su alrededor pone en evidencia que al poder no le gustó el monstruo inventado hace diez años, más con ganas de maquillar una democracia naciente y maltrecha, que de transparentar los datos y actos de las instancias de gobierno.

La mayor parte de la información que llegó a manejar el equipo de investigaciones dirigido por Carmen Aristegui provenía de los órganos de transparencia, o bien del Archivo General de la Nación, según lo consignaban en sus mismas notas, y lo llegó a comentar la misa ex conductora del Informativo MVS.

Fue así, con la obtención de documentos oficiales a través de los instrumentos de transparencia, como el equipo de Carmen Aristegui pudo documentar los enormes contratos otorgados a la empresa Higa por los gobiernos del Estado de México y de la República en tiempos del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Fueron los órganos de transparencia los que permitieron conocer los pormenores del proyecto de construcción del tren rápido entre Querétaro y la ciudad de México, hoy cancelado.

El ejemplo de Carmen Aristegui viene al caso por la coyuntura del momento y la discusión que se ha puesto en la mesa después de que la televisora terminara su relación laboral con la periodista poco tiempo después de que aquella publicara algunos de los casos que más han afectado a la imagen del actual sexenio, como la masacre ocurrida en Tlatlaya; las causas penales contra el líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez, o las ya célebre “casa blanca” propiedad de la primera dama, Angélica Rivera.

Lo anterior es una muestra de que el ambiente entre el poder formal y el periodismo se ha vuelto más turbio desde que, en buena hora, los ciudadanos pueden acceder a información pública de oficio.

En Chihuahua, las cosas no son distintas. Los datos procedentes de los órganos de transparencia exhiben realidades distintas y discordancias en la misma información oficial. Vale mencionar como ejemplo las cifras de incidencia delictiva y en particular la de homicidios. Mientras que la Fiscalía General del Estado publica en sus informes trimestrales que ocurrieron 2 mil 400 casos ocurridos durante el 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública—que, se supone, debería manejar la misma información—reporta 1,660, entre dolosos y culposos. Es decir, que las mismas cifras oficiales caen en contradicción por un margen superior al 40 por ciento. Alguna de las dos cifras es la verdadera; alguna de las dos es falsa y ambas vienen de la misma autoridad y del mismo sistema de transparencia.

¿Cuál es la reacción de la autoridad ante la disparidad en las cifras oficiales a las que se accede de manera libre a través de la información pública de oficio?  Negar todo, pese a que los datos vienen de sus propias páginas; cuestionar al medio que lo publica o la capacidad de entendimiento de quien lo investiga (“interpretó mal los datos”, dicen).

El poder  y el periodismo tendrán que aprender a convivir con eso: la información está al alcance de todos y cada uno deberá aprender a manejarla.  El poder tendrá que aprender a reaccionar de manera distinta difusión de la información que ya es pública y el periodismo a manejarla con responsabilidad.